Propiedad de Manolo Ferreras Segura
Jimaní, Independencia, RD.- La Policía Nacional desmanteló una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas en la comunidad Boca del Río de Guayabal, en el municipio Postrer Río de la provincia Independencia.
Las autoridades revelaron que la fábrica del denominado ron “triculi”, es propiedad de Manolo Ferreras Segura, alias Manolin, de 48 años de edad, residente de la zona.
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La uniformada indicó que, en el lugar fueron decomisados cinco tanques de aproximadamente 55 galones, de los cuales cuatro estaban lleno de una sustancia líquida, color amarilla, fermentada, presumiblemente la citada bebida conocida como Triculi, además una tubería de metal.
Explicó que, el supuesto propietario de la fábrica de bebidas clandestina al notar la presencia policial, emprendió la huida, en una motocicleta, siendo este posteriormente detenido por agentes del orden.
El apresado Ferreras Segura será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, dijo el comandante del Departamento Policial de Jimaní.
Temas relacionados con fábricas de bebidas clandestinas
La Policía Nacional informó sobre el desmantelamiento de cinco laboratorios de producción de bebidas alcohólicas adulteradas, en los que se pudieron incautar una gran cantidad de tanques de 55 galones conteniendo la bebida conocida como triculí y clerén, además cientos de botellas con ron adulterado, en las localidades de Barahona, Monte Plata, Navarrete, Moca y el Distrito Nacional.
Esto ha dejado un saldo hasta este momento de 17 personas detenidas que están siendo investigados para luego ser sometidos a la justicia.
La Policía Nacional informó que siguen desarrollando labores de inteligencia en todo el territorio nacional para apresar a todo el que tenga que ver con esta mafia de la producción y venta bebidas alcohólicas adulteradas y de fabricación artesanal no aptas para el consumo, por lo que se están interviniendo junto al Ministerio Público y Salud Pública centros de expendios y colmados para contrarrestar estas acciones contrarias a la ley General de la Salud 42-01.
Por Deivy Pérez
