La rueda de prensa será a las 3:30 de la tarde en el Palacio Nacional
Santo Domingo, RD.- La olla caliente del momento en República Dominicana la sostiene la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, por su exagerada fortuna fruto de contratos con el Estado.
Será este martes cuando el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero y el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, se refieran al tema en una rueda de prensa.
La Dirección de Información y Prensa de la Presidencia ha convocado a los medios para las 3:30 de la tarde en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
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Aunque este lunes la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE), en redes sociales piden su destitución o renuncia.
La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora y es poseedora del 65 % de sus acciones.
La institución informó que la decisión fue tomada a raíz de la divulgación de una entrevista concedida por la funcionaria al programa “Nuria Investigación Periodística” y que inició una investigación de oficio para establecer los vínculos de las empresas de Taveras, conforme a lo establecido en los artículos 71 y 72 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, para identificar si las empresas en las que figura como accionista, han participado en procedimientos de contratación o resultado beneficiadas de alguna compra o contrato público siendo ésta funcionaria pública.
En ese sentido, el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, y el embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Andrés Mateo, opinaron en torno a los supuestos actos dolosos de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, para acumular una fortuna de RD$106 millones.
Aseguraron que se debe investigar la denuncia y si existen pruebas ser puesta a disposición de la justicia.
