La reacción obedece a la acción del director de Aduanas
Santo Domingo, RD.- Representantes de Fundación Equidad y Justicia y de Participación Ciudadana cuestionaron las liquidaciones a servidores públicos que se estarían realizando en el Gobierno en violación a la Ley de Función Pública.
La reacción obedece a la acción del director de Aduanas, Enrique Ramírez, quien habría liquidado a su asistente personal con más de 3 millones de pesos, a sólo ocho días para que termine el presente gestión.
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El reverendo Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia, aseguró que este caso es una muestra más de que el presidente electo Luis Abinader, debe tomar muy en serio la persecución a los actos de corrupción administrativa.
Lorenzo expresó que los tres millones de pesos por concepto de liquidación, sin contar con el tiempo requerido legalmente, que habría recibido, Guarocuya Batista, no es un hecho aislado, sino que algo similar se produce en otras instituciones públicas.
El encargado de transparencia de Participación Ciudadana expresó que el problema de la Dirección General de Aduanas es que la autonomía presupuestaria que le permite la Ley 226-06, le otorga poderes ilimitados a quien desempeñe la función de director.
Por su lado, el dirigente del PRM, Luis José Chávez, dijo que las próximas autoridades entrantes deben revisar las decisiones que se tomen en este periodo de transición y revocar las que no se ajusten al marco legal.
Las prestaciones que habría recibió Guarocuaya Batista, viola la Ley de Función Pública y no se ajusta al tiempo que laboró en la Dirección de Aduanas, a juicio de los consultados.
Por Rafael Lara
