Santiago, RD.- La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, confirmó que varios legisladores están vinculados a la red de lavado de activos desmantelada con la Operación Falcón.
Berenice Reynoso aseguró que solicitarán a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial que lleve el control del proceso en su contra, por su jurisdicción privilegiada.
Reynoso, dirigió el equipo de litigantes junto al fiscal la jurisdicción, Osvaldo Bonilla Hiraldo, y la procuradora de corte Luisa Liranzo.
De igual forma, explicó que el Ministerio Público informará oportunamente a la sociedad los nombres de los legisladores involucrados una vez solicite la designación del juez instructor a la Suprema Corte de Justicia.
El fiscal Bonilla Hiraldo resaltó que la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dispuso el aplazamiento del conocimiento de la medida de coerción para el próximo viernes 17 de este mes, a las 10:00 de la mañana.
El Ministerio Público “continuará trabajando el caso en todas las líneas de investigación que vayan surgiendo cada día”, reafirmó el fiscal de Santiago.
La Directora General de Persecución del Ministerio Público destacó que se trata de una investigación compleja, según evidencia los cientos de pruebas presentadas al tribunal.
También detalló que al tribunal fueron entregadas, incluyendo en formato electrónico, cientos de miles de páginas de pruebas recabadas durante la investigación que llevó a la Operación Falcón.
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Participan más de 60 fiscales en la operación Falcón
En la operación Falcón participan más de 60 fiscales, también más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Durante el transcurso de las pesquisas se realizaron más de 100 allanamientos, en los que se ocuparon vehículos de motor, millones de dólares y otros.
Las investigaciones del Ministerio Público apuntan que la red de narcotráfico operaba antes de 2012 y que a partir de 2017 incrementó sus operaciones.
Entre República Dominicana y Puerto Rico se decomisaron al menos 8,500 kilos de cocaína.
Según estimaciones de las autoridades, en la organización lavaron cuantiosas sumas de dinero dentro de una red que traficaron miles de kilos de drogas.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público explicó que los involucrados en la red de narcotráfico desarticulada crearon una poderosa estructura del crimen organizado.
Dicha estructura ha operado de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico.
Los integrantes de la red adquirieron, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos,
Asimismo, poseían fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.
También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
La red criminal tenía su base de operación en la provincia Santiago con ramificaciones en la región este del país.
Para el desmantelamiento de la red criminal, las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Los involucrados se dedicaban a lavar dinero como beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica, en especial desde Colombia y Venezuela.
El fin era llevar los cargamentos a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, “en lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.
