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Senadores reaccionan ante ONU por repatriaciones haitianas embarazadas

Taxistas, mensajero y policía entre principales víctimas recientes de violencia
Taxistas, mensajero y policía entre principales víctimas recientes de violencia

Santo Domingo RD.- Senadores mantienen posiciones encontradas respecto de la censura de las Naciones Unidas a la política migratoria de la República Dominicana, tras las deportaciones de embarazadas indocumentadas haitianas.

La reprimenda de las Naciones Unidas a las autoridades dominicanas por las deportaciones de haitianas embarazadas, hizo eco entre senadores.

Critican que hospitales públicos sean utilizados como ardid para apresar a las indocumentadas.

Contrario a esas posiciones se expresan otros legisladores que defienden los operativos de la Dirección de Migración.

En medio de la discusión se apela a la empatía de la comunidad internacional con la crisis haitiana.

Piden se construyan los centros de salud prometidos a lo largo de la frontera.

Aunque reconoce soberanía el Estado dominicano en materia migratoria.

Las Naciones Unidas considera que las detenciones y deportaciones de embarazadas violenta protocolos nacionales y convenios internacionales.

En tanto, el reglamento de aplicación de la Ley de Migración prohíbe la detención de indocumentadas embarazadas o lactantes.

A la luz del reglamento de aplicación de la Ley de Migración, las detenciones y deportaciones de haitianas embarazadas son ilegales.

La legislación en su párrafo único del artículo 134 del decreto 631-11 sobre el referido reglamento, prohíbe a las autoridades migratorias apresar a las indocumentadas en estado de preñez o lactantes.

El mismo articulado también abarca a menores de edad, envejecientes y solicitantes de asilo.

“Por humanidad el gobierno tiene que cesar, parar ese tipo de acción, porque lo consideramos abusivos”, consideró Joseph Querubín del Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos

El protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación firmado entre la República Dominicana y Haití, también se ve quebrantado con las redadas que mantiene la Dirección de Migración.

En el documento, firmado en diciembre de 1999, las autoridades dominicanas se comprometieron con sus homólogos haitianos a evitar la separación de familias haitianas en los procesos de repatriación.

“Estamos estudiando, la posibilidad de presentar demanda judicial frente al Ministerio de Interior”, amenazó Joseph Querubín del Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos.

El director de Migración, Enrique García, reconoció que cientos de mujeres embarazadas habían sido apresadas y deportadas a su país se origen.

Los operativos contra las indocumentadas embarazadas forman parte de las estrictas medidas migratorias anunciadas por el gobierno dominicano ante la crisis político-social configurada en Haití.

Por: Rentería Montero

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