Santo Domingo. – República Dominicana está abocada a replantear sus relaciones con el fronterizo Haití, tras las repercusiones derivadas de una sentencia emitida por un tribunal local que establece los parámetros para otorgar la nacionalidad, según afirmó hoy un exembajador de Santo Domingo en Estados Unidos.
El experto en derecho constitucional, Flavio Darío Espinal, consideró, al evaluar la sentencia del Tribunal Constitucional que establece quiénes son dominicanos y quiénes no, que las relaciones entre ambos países pasan ahora a un nuevo escenario.
«Eso no debe dar lugar a que entremos en pánico, ni actuar de manera desproporcionada, lo que sí es que plantea al Estado y a la diplomacia dominicana, cómo lidiar en este nuevo escenario, pienso que el propósito no debe ser profundizar las diferencias; hay que buscar un balance entre la defensa de los intereses del país con la búsqueda de algún tipo de diálogo que permita que la relación sea efectiva», sugirió en un comunicado.
Espinal, quien también fue embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), aconsejo a las autoridades dominicanas a manejarse con «cabeza fría, agudeza y habilidad diplomática», pero a la vez entendiendo que el nuevo escenario ha cambiado «definitivamente».
Resaltó que la ofensiva de la diplomacia del Gobierno haitiano en el entorno inmediato, luego de conocerse la sentencia, consiguió que la Comunidad del Caribe (Caricom) empujara para que este asunto fuera llevado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde están representados todos los estados.
«Que yo recuerde, aparte de los informes electores que hace el organismo, a propósito de las sanciones a Haití con el golpe de Estado (de 1991 contra el expresidente haitiano Jean Bertrand Aristide), la República Dominicana no se había sometido a un escrutinio por parte de otros estados», recordó Espinal.
Manifestó que fue interesante ver cómo en el Consejo Permanente de la OEA, fueron especialmente los diplomáticos del Caricom los que llevaron la voz cantante y, algunos de ellos, dijeron que fue a instancia de Haití. Las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití se han enfriado en las últimas semanas, a raíz de la sentencia inapelable del Tribunal Constitucional local, dirigida a regular la situación de los residentes indocumentados en el país, y que establece que los indocumentados y sus descendientes no pueden considerarse como dominicanos porque así lo define la Constitución.
Esa medida ha sido rechazada por el Gobierno haitiano y por entidades locales de la sociedad civil que entienden que a esos ciudadanos se les debe dotar de documentos de identidad dominicanos, ya que muchos de ellos, aseguran, nacieron y viven en esa nación.
El debate en torno al tema ha sido sumamente candente y extendido, pues muchos sectores locales defienden la sentencia y aseguran que con ella, por primera vez, se sale al frente a la «indiscriminada» presencia de miles de ciudadanos irregulares haitianos.
Las autoridades locales sostienen que el dictamen no pretende producir una «oleada de deportaciones» como alegan sus detractores, sino regular la situación de esas personas y establecer claramente que son ciudadanos haitianos, aunque vivan en República Dominicana.
