La Oficina Técnica de Revisión Legislativa, conocida como Ofitrel, recomendó a los diputados no aprobar el contrato de fideicomiso para Punta Catalina.
Según el Reporte Especial de Julissa Céspedes de este domingo 23 de enero, ese organismo observó que los nombres de los cinco miembros del Comité Técnico del Fideicomiso implicaría perpetuarlos en sus asignaciones, situación que por los 30 años del contrato podría generar un escenario embarazoso.
El Comité técnico está integrado por el empresario Celso José Marranzini Pérez, presidente; José Luis Actis, vicepresidente este también se desempeña como asesor económico del Ministerio de Hacienda.
Además, Noel Rafael Báez Paredes como director jurídico del Ministerio de la Presidencia; los demás miembros son el empresario John A. de Armas, y George Ángel Reinoso Núñez, ex superintendente de Electricidad y experto en energía.
Los diputados obviaron las recomendaciones y advertencias realizadas por el director del órgano legislativo, Elpidio Bautista Rosario y aprobaron el referido contrato.
El Senado de la República todavía no ha aprobado el fideicomiso de Punta Catalina; pero desde ya ha desatado las críticas de la oposición y otros sectores de la sociedad.
Almonte favorece fideicomiso público
Para el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, la mejor decisión que se puede tomar con la Central Eléctrica es el fideicomiso público.
“Un fidecomiso público era la mejor garantía, porque es un fideicomiso público, no es privado como lo dice es público; además establece que la central financiera se le traspasa a la fiduciaria que es la Fiduciaria Banreservas, quien solo podrá hacer uso de esos activos” afirmó el funcionario.
Otros de los puntos que se ha criticado es que el Estado dominicano aún no ha informado cual es el valor real de Punta Catalina.
Antonio Almonte aseguró que el monto indicado como valor de Punta Catalina en el contrato del fideicomiso es un número de referencia que tendrá que ser confirmado o descartado por los resultados de la auditoría financiera sobre costos de construcción y seriedad de las inversiones.
“El número que salga de esa auditoria es el valor que asume este Gobierno. Nosotros vamos a respetar lo que esa auditoria profesional indique como costo de inversión en la construcción de Punta Catalina”, aseveró el funcionario.
Debate sobre posible privatización de Punta Catalina
La opción de que la Termoeléctrica Punta Catalina pueda ser privatizada generó también un gran debate; algunos expertos señalan artículos que pudieran permitir que se diera esta situación.
Asimismo, la figura del fideicomitente adherente, quien de acuerdo con el contrato es la persona física o jurídica que no ha intervenido originalmente como fideicomitente en la suscripción del contrato de fideicomiso, sino que se adhiere posteriormente durante la vigencia del contrato.
“Es una figura que tiende hacer estándar en muchos fideicomiso, y que la fiduciaria quiere utilizar, pero esa figura no tiene ver con privatización, tiene que ver con el hecho de que el fideicomiso puede con el paso del tiempo ampliar sus operaciones en el sector eléctrico”, respondió Antonio Almonte al ser cuestionado por la periodista Julissa Céspedes.
Sobre la cláusula 21
Otro de los puntos del contrato que pudiera causa suspicacia, es la cláusula 21 que establece que el fideicomitente podrá sustituir a la fiduciaria, con o sin causa, mediante una comunicación escrita del Comité técnico con acuse de recibo, con al menos 90 días de antelación a la fecha de efectividad de la sustitución, la designación de un fiduciario sucesor será realizada por el Comité Técnico.
Para el abogado Julio César de la Rosa Tiburcio, esa cláusula da pie a que el activo del Gobierno que es Punta Catalina se convierta en un bien privado, lo que considera peligroso.
“En el fondo lo que está establecido es el sector privado tomar el control, como en efecto lo tiene, sobretodo sin observar el derecho público para los casos de compras y contrataciones, no estarían obligados a dar informaciones públicas, no estarán auditados por la Cámara de Cuentas, por la Contraloría, ni ética pública”, afirmó De la Rosa.
Insistió en que “el contrato fue registrado en la Cámara de Comercio donde se registran las empresas privadas, ósea que la intensión es convertir a Punta Catalina en una empresa privada, si eso se materializa veremos cómo irán surgiendo otras generadores de los beneficios que ellos van a obtener sin poner un centavo en la construcción de Punta Catalina, eso lo que rechazamos de plano”.
Cláusula 16
En la cláusula 16 del contrato se establece el secreto fiduciario, el cual establece que, conforme lo establecido por la Ley 189-11, es obligación de la fiduciaria guardar el secreto fiduciario frente a los terceros respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e informaciones que se relacionen con los fideicomisos.
Para el senador Dionis Sánchez la falta de regulación que existe para la creación de fideicomiso provoca falta de transparencia en su conformación. “La falta de un ordenamiento jurídico le confiere opacidad a los procesos de configuración y operación a las decenas de fideicomisos que se han establecidos y que se pretenden establecer”, resaltó el legislador.
Posición del presidente Abinader
El presidente Luis Abinader ha defendido la figura del fideicomiso público para la Central Termoeléctrica Punta Catalina; esto en el entendido de que el gobierno pasado no estableció ninguna figura para su administración.
“Da pena y vergüenza de que Punta Catalina está en el aire. Punta Catalina no es ni una compañía pública ni fideicomiso público; eso es vergonzoso que Punta Catalina no tenga un vehículo legal”, había declarado el mandatario.
De su lado, Almonte entiende que la mejor opción es el fideicomiso por la historia de mal administrador que tiene el Estado.
“Al constituirse en empresa pública, la experiencia que hemos tenido es que se mantiene bastante discrecionalidad de parte del poder político y de los administradores en cuanto al uso que le puedan dar a esos recursos que le puedan dar a esos recursos, tenemos ejemplos sobrados de lo que ha pasado en el pasado”, explicó Almonte a Reporte Especial.
Conforme las declaraciones de Andrés Vander Horts Álvarez, gerente de la Fiduciaria Reservas, el fideicomiso es una figura muy empleada en América Latina y el Caribe. En República Dominicana en el año 2020 había seis fideicomisos públicos, y en el 2021 se cerró con 21.
Para Horts Álvarez la mejor decisión para el bien de Punta Catalina es el fideicomiso, porque existe desconfianza en la administración pública.
“Hemos visto que en las empresas del Estado fuera del Banco de Reservas, porque está protegido por el sistema financiero; hemos visto siempre que las empresas caen en el modelo de la sobrepoblación, lo mejores ejemplos son las EDES… porque al final del día el estado no tiene vocación empresarial”, afirmó Vander Horts.
Fideicomisos existentes en el país
RD VIAL es el primer fideicomiso público creado por el Estado, representado por Obras Públicas y la Fiduciaria Reservas, S.A; en este caso el comité técnico está conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Economía.
Este fideicomiso se creó con el objetivo de asegurar el funcionamiento de la principal red vial; así como para la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para la ampliación, rehabilitación, conservación y/o mantenimiento de dicha red vial.
Otro de los fideicomisos público – privado es PRO-PEDERNALES creado mediante el decreto 724-20 por el Estado dominicano; está representado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario, respectivamente, y Fiduciaria Reservas. Este contrato lo firmaron por un periodo de 20 años.
Esta iniciativa regulará y promoverá inversiones e infraestructuras de servicios que muestren potencial para incidir en el desarrollo turístico y económico de Pedernales.
