Santo Domingo, RD.- Profesores universitarios que aseguran estar comprometidos con la labor educativa en República Dominicana, manifestaron públicamente su opinión acerca del proceso de evaluación que el MESCyT está llevando a cabo sobre la «Meta Presidencial
sobre Formación Docente para la Excelencia».
A continuación texto íntegro de los maestros universitarios:
Este plan se diseñó para el cuatrienio 2016-2020 y se proponía formar 20,000 docentes de calidad para el nivel preuniversitario. Para esta evaluación, se ha tomado como eje principal la revisión de la Normativa para la Formación Docente de Calidad en la República Dominicana (Normativa 09-15).
El 22 de diciembre de 2020, el actual ministro de Educación Superior, mediante la
comunicación MESCYT-DESP-1424-2020, ordenaba a los rectores de universidades
abstenerse de programar e iniciar nuevas carreras de educación de acuerdo con esta
normativa. Días después se informaba mediante la comunicación VMES-029-2021 que
no se estaría impartiendo la Prueba de Aptitud Académica (PAA) como requisito de
ingreso para dichas carreras. Debido al marco normativo vigente, esta comunicación
cortaba repentinamente el flujo de admisión de nuevos estudiantes a las carreras ya
abiertas en las universidades.
Ambas comunicaciones señalaban que el MESCyT estaba a la espera de un informe de
la evaluación de esta meta que recibiría en el mes de marzo de 2021. Sin embargo, todo
parece apuntar en una sola dirección: se busca anular la Normativa 09-15.
En el ámbito académico, incluso más que en cualquier otra esfera social, estas
evaluaciones orientadas a revisar y mejorar normativas, regulaciones, planes de estudio,
etc. son habituales y deseables. Es de su interés que este proceso evaluativo se haga
con el propósito correcto, a saber, mejorar la calidad de la educación dominicana. Sin
embargo, es necesario tener en cuenta que la Normativa 09-15 es de aplicación reciente
y aún no contamos con evidencias suficientes para enjuiciarla. Las razones que se han
adelantado para su posible eliminación alarmarían a cualquier conocedor de políticas
educativas.
De acuerdo con declaraciones de prensa, la evaluación de la meta presidencial surge por
una solicitud de la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) y de la Asociación
Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU). Estas asociaciones aducen que la
Normativa 09-15 ha hecho mucho daño a la formación docente en el país, básicamente
porque no ha permitido ingresar a la carrera de educación a la mayoría de los candidatos
que se han sometido a las pruebas de admisión establecidas por la Normativa. No basta
con esgrimir cuántos estudiantes se han graduado en estos años; muchos todavía están
cursando la carrera de educación bajo la nueva normativa y hay que esperar sus
resultados. La verdadera cuestión que se debe responder es cuántos y qué tipo de
docentes necesitamos.
La Normativa 09-15 describe el perfil de ingreso para los estudiantes de los programas
de formación docente. En el capítulo VI, explica cómo se estructura la prueba de admisión: «Se establece con carácter obligatorio y sin excepción alguna, el examen de admisión para cada estudiante que aplique a carreras relacionadas a la formación docente, el cual debe medir si los estudiantes poseen las competencias requeridas para iniciar estudios a nivel superior en la formación docente. Esta prueba contiene dos componentes: a) prueba de Orientación y Medición Académica (POMA) y b) prueba estandarizada reconocida internacionalmente en procesos de selección de estudiantes para ingresar a estudios a nivel superior, validadas para su aplicación a nivel nacional».
La prueba internacional que actualmente se está aplicando es la Prueba de Aptitud
Académica (PAA) del College Board.
En realidad, esta disposición de la Normativa 09-15 no responde a la Meta Presidencial
sobre Formación Docente para la Excelencia. Concreta uno de los acuerdos del Pacto
Nacional de la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030). En el
numeral 5.1.6 del Pacto se acordó: «Implementar, con carácter obligatorio, una prueba
de ingreso validada para los programas de formación de docentes, la cual debe medir si
los estudiantes poseen los conocimientos, la vocación y las habilidades requeridos para
iniciar estudios a nivel terciario en el área del magisterio».
Los criterios que actualmente se utilizan para la admisión de los estudiantes son
producto, pues, de un pacto nacional que busca mejorar la educación dominicana. Es
evidente que la selectividad que se deriva de su aplicación afecta el volumen de la
matrícula estudiantil. Y es comprensible la presión económica que sufren las universidades, que han visto afectadas sus finanzas por esta reducción de la matrícula, así como por los altos estándares que exige la Normativa 09-15 para su implementación.
Sin embargo, entendemos que la solución a este desbalance financiero no puede
apuntar a relajar los mecanismos consensuados en el Pacto Educativo de 2014 para
mejorar la calidad de nuestros docentes.
En esta búsqueda de calidad hay que poner límites a la admisión indiscriminada y masiva a la carrera de educación. No es racional ni ético escamotear el objetivo que inicialmente se planteó la sociedad dominicana a través de un proceso dialógico de concertación. Los tratamientos más efectivos pueden ser dolorosos, pero no por eso debemos renunciar a ellos.
Proponemos las siguientes soluciones alternativas para salir a buen camino:
1. Mejorar y ampliar los programas de nivelación académica que se ofrecen a los
estudiantes para superar la prueba de admisión. El Instituto Superior de
Formación Docente (ISFODOSU) ha implementado con éxito programas
formativos previo a y durante el proceso de admisión. Los resultados de estos
programas le han permitido implementar la Normativa 09-15 al tiempo que han
estabilizado la matrícula estudiantil. Se podrían financiar estos programas bajo
ciertos requisitos.
2. Concertar nuevas estrategias para aumentar la cantidad de postulantes a las
carreras de educación. Para lograr esto, es necesario hacer aún más atractiva la
carrera de educación, lo que podría incluir mejores condiciones de vida de los maestros y de trabajo en las escuelas. Las estadísticas actuales nos dicen que la
cantidad de postulantes tiene espacio para crecer.
3. Renegociar las condiciones del financiamiento de los programas de educación.
Además de los requerimientos para la admisión de estudiantes, la Normativa 09-
15 exige un número mínimo de profesores a tiempo completo, que un
porcentaje de los créditos sea ofrecido por doctores, y la disponibilidad de
recursos infraestructurales y servicios específicos para la carrera. Todo esto tiene
costos que cargan las finanzas de las universidades. Si la mengua de estudiantes
afecta la sostenibilidad financiera de las universidades, la renegociación es una
alternativa razonable.
Reafirmemos nuestro propósito de alcanzar una educación de calidad en suelo
dominicano. Que las urgencias económicas de nuestras instituciones de educación
superior no confundan su razón de ser, a saber, aportar a la mejoría de la sociedad a
través de la investigación y la formación de profesionales competentes y
comprometidos. En ese empeño, la formación de docentes para la enseñanza
preuniversitaria es una pieza clave y sumamente delicada. Como toda política pública,
necesita tiempo. No actuemos con premura, que todo el sistema educativo puede
venirse abajo.
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