La magistrada Miriam Germán Brito instruyó a los miembros del Ministerio Público para que canalicen vía el Despacho de la Procuraduría General, acciones de inconstitucionalidad.
La instrucción con la finalidad de fijar un criterio unitario acorde a las políticas institucionales, la Constitución y la Ley Orgánica 133-11.
El mandato explica que los integrantes del Ministerio Público deben canalizar, a través del Despacho, las propuestas de acciones de inconstitucionalidad que consideren pertinentes.
Así como las intenciones de acuerdo de cooperación o intercambio con entidades nacionales o extranjeras, tanto públicas como privadas.
También instruye a canalizar por la misma vía, las opiniones sobre los proyectos de leyes, reglamentos o cualquier normativa para su debida ponderación y análisis.
La instrucción, basada en las competencias legales reservadas a la máxima instancia del Ministerio Público, busca fortalecer los criterios jurídicos al perseguir la inconstitucionalidad de una ley o norma.
Además, fomentar los lazos de cooperación en un marco de transparencia.
Igualmente, propiciar que instancias especializadas cumplan su rol de intervenir en la ponderación de las reformas que busca la sociedad a la legislación vigente.
El artículo 23 de la Ley 133-11 consagra el principio de unidad de actuaciones y establece que, “el Ministerio Público es único para todo el territorio nacional”.
La instrucción, destaca que la medida tiene el propósito de fijar un criterio unitario conforme a las políticas institucionales.
También fijar criterio respecto a las prerrogativas que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11) conceden a la procuradora, la máxima autoridad.
