Santo Domingo, RD.- Ante las denuncias hechas por mujeres víctimas de violencia, que han sido albergadas en las Casas de Acogida en el pasado Gobierno, el Ministerio de la Mujer aclara que estas mujeres fueron recibidas y escuchadas, y que también fueron investigadas las situaciones denunciadas.
Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, señaló que al asumir su función en agosto del año pasado encontró elevados niveles de deterioro y descuido en dichos servicios, por lo que inició una línea de corrección, debido a la gravedad de la situación.
Jiménez informó que la institución está inmersa en la solución de las precariedades en los servicios de las Casas de Acogida o Refugio, situación heredada de anteriores administraciones, en las cuales no había un protocolo de reparación integral para las mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas.
Asimismo, la ministra señaló que se estarán inaugurando, en los próximos días, 12 nuevas Casas de Acogida en las que se brindarán servicios integrales y dignos, tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos.
También, sostuvo que, como parte de las mejoras emprendidas por el excelentísimo señor presidente, Luis Abinader Corona, y el Ministerio de la Mujer, estas mujeres recibirán una asistencia monetaria, de manera que puedan tener autonomía económica al salir de las Casas de Acogida, dado que estos refugios no son estancias permanentes.
“Esta asistencia incluye a las mujeres que han sido albergadas en las Casas de Acogida y también a las familias acogedoras de los niños y niñas, que han quedado en la orfandad por los feminicidios. Puntualizando que incluso las mujeres que han presentado estas denuncias y que califican para recibir la asistencia, han sido incluidas como beneficiarias en la primera entrega de la asistencia económica”, resaltó la ministra.
Con respecto a la respuesta integral a la violencia, la ministra señaló que se elaboró el Plan Estratégico por una Vida libre de Violencia para las Mujeres, que contempla todos los aspectos a considerar para implementar una política de prevención, atención y reparación integral de la violencia, junta otras entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil.
