BATEY LOS JOVILLOS, República Dominicana (AP) — Abelinda Yisten Debel, de 19 años, no puede con la pena mientras hace sus tareas escolares correspondientes al último grado del bachillerato en una mesa que ocupa gran parte de la habitación de unos ocho metros cuadrados donde habita con sus dos hijos, Melanie y Luis Eduardo, de 3 y 2 años, en un batey al norte de Santo Domingo.
La muchacha sabe que no podrá presentar el próximo año los exámenes finales para obtener el certificado de bachillerato, un pasaporte para un futuro mejor, porque, por ser hija de inmigrantes haitianos que no regularizaron su situación, las autoridades le retienen sus documentos a fin de anularle la nacionalidad dominicana, a pesar de haber nacido en este país.
«Me sentí muy mal; hasta lloré», dijo Yisten Debel.
Decenas de miles de personas de ascendencia haitiana enfrentan un futuro incierto porque el registro civil de República Dominicana les está negando copia de su acta de nacimiento y la cédula de identidad, que son requisitos para obtener el certificado de bachiller y para cualquier trámite civil, como casarse, registrar el nacimiento de los hijos, ingresar a un empleo formal, acceder a la seguridad social, abrir una cuenta bancaria e incluso tener una línea telefónica.
El Tribunal Constitucional ordenó asimismo el 23 de septiembre al registro civil comenzar a anular mediante procesos judiciales las actas de nacimiento de los descendientes de extranjeros que ingresaron a República Dominicana a partir de 1929 sin permiso legal de residencia, en su gran mayoría haitianos que trabajaron por décadas en los cañaverales dominicanos.
No hay cifras oficiales al respecto, pero diversas organizaciones de derechos humanos estiman, con base en una reciente encuesta del ministerio de Economía, que la anulación de actas de nacimiento afectará a más de 200.000 personas, en su mayoría descendientes de haitianos. Joseph Cherubin, presidente del no gubernamental Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (Mosctha), cree que el número puede ser incluso mayor.
El presidente Danilo Medina reconoció el 8 de octubre «el problema humano» causado por la negativa del estado a reconocer la nacionalidad de los descendientes de inmigrantes. «Lo menos que podíamos hacer es pedirles excusas por lo que están pasando», dijo el gobernante, sin ofrecer soluciones concretas.
De no concluir sus estudios, las posibilidades de Yisten Debel de conseguir un empleo formal que le permita sacar algún día a sus hijos del barracón donde comparte el único baño con otras nueve familias del batey, como son conocidos los pueblos ubicados dentro de los cañaverales, son cada vez más remotas.
«No quiero que mis dos niños sufran lo mismo que estoy sufriendo yo», repite una y otra vez la joven madre, quien sólo ha trabajado de forma esporádica como empleada doméstica. Por eso recorre a pie unos 10 kilómetros todos los días a fin de llegar desde el batey Los Jovillos, en la provincia Monte Plata, a la escuela más cercana para tomar clases con la esperanza de un futuro mejor.
«Todos mis muchachos fueron declarados con la ficha» que otorgaba el Consejo Estatal del Azúcar, organismo gubernamental, a los braceros haitianos, recuerda el padre de Yisten Debel, Jean Yisten, quien emigró de Haití a República Dominicana a los 16 años, en 1950.
La ficha o carné a la que se refiere Yisten fue utilizada durante décadas como documento oficial de identificación para los inmigrantes cañeros. A Yisten la ficha le sirvió como respaldo para casarse con su esposa, Souvenir, en el registro civil de Monte Plata, registrar el nacimiento de sus siete hijos nacidos en territorio dominicano y obtener la pensión de 5,117 pesos (121 dólares) mensuales que desde 2012 le paga el estado por sus más de 40 años de trabajo en los ingenios azucareros del gobierno.
En su fallo al abordar el caso de Juliana Deguis Pierre, otra descendiente de haitianos, el Tribunal Constitucional dijo que las personas que llegaron después de 1929 y se quedaron en el país sin haber formalizado su residencia son extranjeros «en tránsito» y como tal sus descendientes no pueden tener la nacionalidad dominicana sólo por haber nacido en el país. La votación fue 11-2.
Katia Miguelina Jiménez, una de las dos juezas que votó contra el fallo del tribunal constitucional, sostuvo que los afectados serán de hecho personas «apátridas». Pero Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, lo negó, aduciendo que la constitución de Haití otorga la nacionalidad de ese país a los descendientes de haitianos sin importar el lugar donde nazcan.
Además, insistió que la medida «no le niega el derecho a la nacionalidad (a los afectados), sino que les da la oportunidad de acceder a la nacionalidad y regularizarse mediante el plan» para extranjeros. Ese plan, sin embargo, no está funcionando.
«Eso es un genocidio civil», sostuvo Genaro Rincón, uno de los abogados que llevaron los casos de Yisten Debel, Deguis Pierre y otras 60 personas al tribunal constitucional.
José Ricardo Taveras, director de migración, ha insistido que la medida ayudará a regular la migración y el creciente ingreso de haitianos sin permiso migratorio.
Pero la decisión del tribunal ha sido cuestionada por diversos grupos de derechos humanos y por organizaciones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que contraviene leyes y convenios internacionales y dejaría a miles de personas en condición de apátridas.
La anulación de las actas de nacimiento creará un «apartheid constitucional» que aumentará «la pobreza, la discriminación y los resentimientos», consideró la socióloga Rosario Espinal, profesora de la Universidad Temple de Filadelfia.
«Es triste porque yo no soy extranjera, yo soy de aquí», dice Yisten Debel, quien asegura que lo más lejos que ha viajado en toda su vida es a la capital, a 40 kilómetros al sur del batey donde nació, y cuando hace unos años fue con amigos a conocer el mar, en Nizao, 50 kilómetros al oeste de Santo Domingo.
Deguis Pierre, vecina de Yisten Debel en el batey Los Jovillos, dijo que su papá «tenía algo como una cédula que era para trabajar y declarar a sus hijos». La ficha lo identificaba como trabajador del antiguo ingenio Río Haina, del gobierno.
Deguis Pierre, de 29 años y quien sólo cursó hasta el quinto grado de primaria, aún guarda con celo la única copia fotostática de su acta de nacimiento, pero requiere una copia certificada reciente y cédula de identidad para poder registrar el nacimiento de sus cuatro hijos, de 12, 10, 6 y 4 años.
«En la escuela me están pidiendo las actas de mis muchachos, si no las llevo me los van a sacar», dice la mujer, quien está desempleada porque en las casas donde la empleaban como doméstica le exigen la cédula de identidad y carta de antecedentes no penales, que no puede tramitar por carecer de documentos.
Taveras, director de migración, dijo que se dotará a Deguis Pierre de un «permiso especial de estadía temporal» en el país mientras se abre el proceso de regularización de extranjeros.
Deguis Pierre y su abogado aseguraron que ella no se acogerá a dicho permiso, porque sería aceptar que es extranjera.
La anulación de las actas o «desnacionalización», como la denominan las organizaciones de defensa de derechos humanos, también crea otros problemas jurídicos sobre la propiedad y el historial académico y profesional de los afectados que han logrado salir de los bateyes y muchos de los cuales murieron incluso hace años, comenta el abogado Rincón.
«Me imagino que todas las decisiones que yo he tomado en este país y como autoridad serán anuladas», dijo el sociólogo de 43 años Beneco Enecia, quien de 2006 al 2010 fungió como alcalde de su natal batey 8, 200 kilómetros al oeste de la capital, tras ganar las elecciones como candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Enecia es nieto de inmigrantes haitianos que nunca regularizaron su situación.
Una situación similar enfrenta Antonio Pol-Emil, un abogado de ascendencia haitiana y regidor para el periodo 2010-2016 en el municipio cañero de San Pedro de Macorís, 75 kilómetros al este de la capital. Pol-Emil se pregunta si podrá seguir ejerciendo su cargo e incluso si le desconocerán su título de abogado.
Noelie Cocok, propietario de la pequeña tienda de comestibles del batey Los Jovillos e hijo de haitianos, tienen un interrogante parecido: «Si (las autoridades) no me quieren ver aquí, ¿para dónde voy?».
«No conozco Haití, simplemente conozco la República Dominicana, esa es la bandera mía, esa es mi patria».
Autor: EZEQUIEL ABIU LOPEZ, Associated Press
