El diputado por Alianza País, José Horacio Rodríguez, alertó que el proyecto de Código Penal aprobado en primera lectura en el Senado, aunque con sus excepciones.
Mantiene la creación de una jurisdicción penal militar, para conocer los delitos cometidos por los miembros de los cuerpos castrenses.
El congresista hizo la advertencia en momentos en que decenas de oficiales, incluyendo algunos de alto rango, están vinculados a delitos de corrupción.
Sin embargo, el vocero de los senadores del PLD, Yvan Lorenzo, argumenta que razones válidas justifican reinstaurar el modelo que permite que los militares tengan su propia jurisdicción penal.
El Senado de la Republica pretende concluir este martes lectura del informe del proyecto, para posteriormente sancionarlo en segunda lectura.
Se recuerda que José Horacio Rodríguez fungió como miembro de la Comisión Bicameral que estudió el proyecto de Código Penal.
Por: Yarilis Calcaño
- Te puede interesar: Coronel Sterling no fue incluido en medida de coerción caso Coral 5G
¿Qué contempla la creación de la jurisdicción penal militar?
Dicha iniciativa conocería las infracciones y faltas disciplinarias contenidas en las leyes, y reglamentos castrense.
Esto a propósito que, recientemente, 13 oficiales, incluyendo algunos de alto rango, están vinculados a delitos de corrupción.
Ta es el caso de Juan Carlos Torres Robiou, general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Además, Julio Camilo de los Santos Viola, general de la FAD, Boanerges Reyes Batista, general del Ejército de República Dominicana.
También, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez y al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez.
Además, César Félix Ramos Ovalle señalado por ser un supuesto prestanombres para desviar fondos, es un empresario proveedor del Estado.
Según la investigación, el empresario de 60 años inició vendiendo combustibles al Estado en octubre de 2006.
Por un valor de 583 millones, es decir, unos RD$ 706,462.36 en contratos. Siendo la Armada y su Dirección de Dragas Presas y Balizamiento uno de sus principales clientes.
Igualmente, la ejecutiva bancaria Esmeralda Ortega Polanco o “550”, quien supuestamente evadió los controles del sistema financiero.
Al no reportar a personas que no contaban con el perfil financiero, y depositaban miles de millones de pesos.
El principal acusado por el Ministerio Público en la operación Coral es el general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), y Rossy Guzmán Sánchez (la pastora).
