Santo Domingo, RD. – Un grupo de personas de San Pedro de Macorís y Boca Chica denunció este viernes que las dotaciones policiales de esas demarcaciones han provocado la muerte de alrededor de 30 ciudadanos, sin que se apliquen las correspondientes sanciones.
Fernando Aponte, presidente nacional de la Sociedad Unida de Derechos Humanos exige justicia junto a familiares de algunos de los jóvenes ultimados supuestamente por uniformados.
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Entre quienes exigen justicia se encuentra Miriam Quezada Ozuna; quien denuncia que policías en Boca Chica ultimaron a su hijo mientras ella lo tenía entre brazos.
Estos no son los únicos casos, el presidente de los derechos humanos maneja numerosos expedientes, sobre todo de San Pedro de Macorís.
Los ciudadanos reiteran la solicitud de que las autoridades correspondientes investiguen los casos a profundidad e impongan las sanciones correspondientes.
Por: Samuel Guzmán
