SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Diego José García y el Foro de Juristas por la Democracia cuestionaron la forma en que los miembros del Consejo del Poder Judicial trasladan a los jueces y juezas de una jurisdicción a otra, sin la debida observancia del debido proceso ley.
Denunciaron que el traslado de los jueces y las juezas sin su anuencia, como exige el reglamento de carrera judicial, al expulsarles de la jurisdicción natural donde siempre han prestado sus servicios y que por demás se han especializado, ha generado un manto mezclado el temor, la inseguridad, indignación entre servidores judiciales de todo el país.
Ambas instituciones indicaron que esta situación provoca una impotencia silente y pánico colectivo, debido a que las remociones abruptas del área penal hacia el área laboral y de niñez y adolescencia civil, de la civil a la penal, de la inmobiliaria a la civil o administrativa, de la administrativa a la niñez y adolescencia penal, ha dislocado la prestación del servicio en un personal que ahora tiene que ilustrarse en materias que de hace muchos años no practicaba.
Señalaron que los traslados sin anuencia también afecta la independencia funcional del sistema, ocasionando un evidente impacto negativo en perjuicio de los usuarios del sistema que cada vez pierden más credibilidad en el mismo.
“Estas disposiciones también violentan el artículo 151 de la Constitución combinado con los artículos 18, 23, 71 del Reglamento de Carrera Judicial instaurado por la misma Suprema Corte que en la actualidad preside el mismo magistrado Mariano Germán Mejía, conforme a la Ley 327-98, y el artículo 16 del Estatuto del Juez Iberoamericano, establecen de manera clara que los jueces no pueden ser trasladados sin su anuencia ni en su perjuicio”, expresaron los gremios.
Exigen respeto de derechos de todos
Ambas asociaciones de abogados dijeron a través de un comunicado de prensa que el derecho al debido proceso incluye a todos, tanto más a los jueces que son los garantes de los derechos.
Agregaron que el Consejo del Poder Judicial no es ni puede ser un feudo de malquerencias, indignidades, discrecionalidad e inequidades, sin reglas, sin normas ni límites; porque los jueces y las juezas también son ciudadanos y ciudadanas, que como tales, también tienen el Derecho a tener derechos.
Los miembros de dicho Consejo tampoco deben olvidar hoy que también son jueces, que administran el sistema por el momento pero mañana volverán a sus curules, y de sus buenos o malos precedentes gozaran o sufrirán mañana, en particular su hoy presidente que mañana no lo será, quien forjo su estirpe en el litigio: alegando derechos, invocando razones, impetrando justicia.
Consejo no cumple con su principal función
El CARD y el Foro de Juristas por la Democracia indicaron que el Consejo del Poder Judicial no está cumpliendo con las funciones establecidas por la nueva constitución fue instaurado por la nueva Constitución para descentralizar los amplísimos poderes que a la sazón tenia concentrados el pleno de la Suprema Corte de Justicia, transparentar las decisiones administrativas, garantizar juicios disciplinarios justos, y afianzar la inamovilidad judicial que incluye la permanencia en el cargo por especialidades y jurisdicciones que son es la herramienta más eficiente para asegurar la independencia real y funcional de los jueces dentro del poder judicial, que es la única manera de tener jueces imparciales.
Pierde la Ciudadanía
Opinaron que estas decisiones inesperadas afectan todo el sistema de justicia debido a que infunde terror y es la ciudadanía que al final saldrá perjudicada ante jueces atemorizados por la posibilidad de un traslado cuando lo que decidan en derecho pueda afecta intereses encontrados.
El malestar de los jueces es una afectación de la seguridad jurídica de la ciudadanía que se vería indefensa servida por jueces atemorizados que antes de dar la solución eficaz a los asuntos puestos bajo su responsabilidad deban pensar que lo que opinarían sus superiores.
La independencia judicial, la real y efectiva independencia, es vital para la justicia recuperar la legitimidad que solo la confiere la credibilidad social, pues si la gente no cree en la justicia entonces no concurre a ella como medio democrático para dirimir sus conflictos en civilidad, lo que degenera en venganzas privadas, violencia social y depredación del sistema político. Porque la paz social es la razón de ser de la justicia.
