El movimiento de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional tronó este viernes contra la República Dominicana debido al último aplazamiento del diálogo bilateral entre los gobiernos haitiano y dominicano el cual estima trata sobre la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional referente la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en el país.
En un comunicado, Amnistía señala que este aplazamiento “demuestra la falta de disposición de las autoridades dominicanas a asumir sus responsabilidades en materia de derechos humanos respecto a la comunidad afectada”.
“Tras la sentencia, las autoridades dominicanas, incluido el presidente Danilo Medina, mostraron una actitud alentadora al manifestar su disposición a encontrar una solución adecuada que respetara los derechos humanos de las miles de personas afectadas. Sin embargo, esa promesa se está desvaneciendo rápidamente, y las personas dominicanas de ascendencia haitiana se encuentran atrapadas en una situación en la que se ven comprometidos sus derechos fundamentales, entre ellos los derechos a una identidad y a una nacionalidad”, manifestó Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Tras citar aplazamientos anteriores en las conversaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití tras la controversia generada por la citada sentencia, Amnistía afirma que “El motivo de este último aplazamiento parece ser el retraso del gobierno en presentar al Congreso dominicano un anteproyecto de ley para resolver la crisis de derechos humanos creada por la sentencia del Tribunal Constitucional. El gobierno dominicano ha prometido reiteradamente introducir ese anteproyecto de ley desde principios de año, pero en estos momentos parece que no existe una voluntad política de hacerlo”.
Además refiere que ya han transcurrido casi ocho meses desde la sentencia del Tribunal Constitucional, y las autoridades dominicanas no han llegado a una solución que respete las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos. Mientras tanto, las personas dominicanas de ascendencia haitiana que se han visto privadas de su nacionalidad dominicana siguen viendo violado su derecho a acceder a servicios sociales, incluidos servicios de educación y salud, y ven cómo se les niegan también derechos humanos fundamentales como el derecho a viajar, a contraer matrimonio, a formar una familia y a trabajar, advierte.
Agrega que “La República Dominicana no puede seguir posponiendo la asunción de sus responsabilidades. A las personas dominicanas de ascendencia haitiana se les está negando el acceso a sus documentos de identidad no sólo desde septiembre de 2013, sino desde hace ya más de una década, y su vida se encuentra en un limbo total. Resulta preocupante que, cada vez que se plantea la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional, las autoridades dominicanas se refieran a ella como una cuestión de inmigración, no como una cuestión de nacionalidad. Las personas afectadas no son inmigrantes que hayan llegado a la República Dominicana. Nacieron en el país y, en el momento de su nacimiento, tuvieron derecho a la nacionalidad dominicana.”
