Santo Domingo, RD.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirá el 30 de este mes el fallo contra los acusados de lanzar acido del diablo a la joven Yokairi Amarante, de 20 años, quien asegura que tras el hecho hace un año, su vida cambio.
La agresión con ácido del diablo contra Yokairi Amarante Rodríguez apunta a no quedar impune.
El Ministerio Público ya solicitó 30 años de cárcel contra los tres hombres acusados de planificar y ejecutar el atentado que deja huellas imborrables en el cuerpo de la joven de 20 años.
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Los imputados son: Willy Antonio Javier Monegro, expareja de la víctima, Pedro Alexander Sosa Méndez y Joan José Feliz.
Yokairi asegura que su proceso de recuperación marcha bien y que ha recibido la solidaridad del gobierno y personas particulares.
Aún le faltan varias cirugías y cuando logre su recuperación complete planea instalar un salón de belleza.
Mientras el 30 de este mes los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirá sentencia contra los tres acusados.
Prohíben venta de químicos para elaborar ácido del diablo
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, emitió este jueves una resolución que prohíbe de manera definitiva la venta de los químicos con los que se elabora el denominado “ácido del diablo”.
En ese sentido, su director Eddy Alcántara anunció una serie de medidas contenidas en la nueva resolución No. 1060-2021 que modifica el dispositivo de la anterior resolución.
El funcionario indicó que sólo se autoriza la venta de sustancias para la fabricación de productos alternativos destinados al destape de tuberías, tales como; ácidos orgánicos y sustancias alcalinas.
Sostuvo, asimismo, que se aplicará un régimen de sanción a todos aquellos comercios que estén vendiendo estos químicos al margen de lo que establece esta nueva normativa.
La resolución plantea que: Se sanciona la producción y comercialización de esta clase de sustancias peligrosas, bajo el riesgo y responsabilidad del que la posea.
Esto sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que pueda dar lugar la violación de la presente resolución y leyes del país.
