Santo Domingo RD.- El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez anunció que solicitan la fijación de la audiencia para conocer el recurso de casación ante la violación a la que fue víctima su cliente, debido a que los plazos de respuesta han vencido por lo que según establece la ley, el mismo adquiere carácter de admisibilidad.
De acuerdo a los destacados juristas, la Suprema Corte de Justicia estaba obligada a dar respuesta a la solicitud del recurso. De acuerdo a los plazos establecidos por el Código Procesal Penal, los cuales establecían unos 30 días posteriores al sometimiento del mismo. Vencido este plazo de manera ventajosa, se da por asumido de acuerdo al Art. 154 del referido código, que el mismo ha sido admitido.
“Debido a que la Suprema Corte de Justicia no ha planteado una respuesta definitiva sobre el recurso de casación sometido el pasado 12 de octubre. Han transcurrido dos meses y ocho días, el doble del período establecido por la ley y de acuerdo a acta levantada por un alguacil de la propia SCJ. El recurso adquirió admisibilidad según el Art. 154 del Código Procesal Penal”, indicó Carlos Balcácer.
Código Procesal Penal
El Art. 154 del Código Procesal Penal establece que cuando la Suprema Corte de Justicia no resuelve un recurso dentro de los plazos establecidos por el código. Se entiende que ha admitido la solución propuesta por el recurrente. Al no recibir respuesta por acto de alguacil para el pronto despacho de la respuesta enviado el viernes y por la reiteración enviada esta mañana. los miembros de la defensa apelan que se fije la fecha de la audiencia en la Alta Corte para conocer la violación y atropello a la que fue sometida Jean Alain Rodríguez.
“Esperamos que los honorables jueces que conforman la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Fijen fecha para la audiencia de conocimiento de dicho recurso a la mayor brevedad posible”, añadió Balcácer.
Sin embrago, los destacados juristas reiteran que la violación fue admitida por las juezas de la Primera Corte de la Sala de Apelaciones del Distrito Nacional. Quienes en su resolución dedicaron más de siete numerales que describen la vulneración y violaciones a las leyes y derechos fundamentales. Los cuales son inconvalidables, por mandato del art. 6 constitucional y 7.7 de la Ley Núm. 137-11.
Exprocurador
El exprocurador se encuentra privado de libertad por casi seis meses sin que a la fecha se haya presentado indicios o evidencias probatorias sólidas de que él haya cometido actos irregulares o incrementos en su patrimonio. Sin embargo, se le ha impuesto la medida máxima de coerción a pesar de haber presentado suficientes arraigos que le permitirían defenderse en libertad.
Gustavo Biaggi Pumarol, sostiene que la imputación a la que la Pepca atribuye mayor peso, es la relativa al Plan de Humanización Penitenciaria, en específico La Nueva Victoria. Al hacerlo, realmente lo que se busca es minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional.
Empresas
“Las seis empresas elegidas constan de alto reconocimiento, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Construcciones que cuentan con los debidos estudios de suelo, contemplando el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, expresó Biaggi.
La veracidad de esta afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó expresamente, mediante adendas, los contratos de las empresas constructoras. Les aumento el precio respectivo, por ajuste por devaluación de la moneda por un monto de casi 300 millones de pesos adicionales. Estas adendas fueron suscritas por la Procuradora Miriam Germán Brito, y fueron depositados por la misma Pepca, que nunca hace alusión a ellos.
Como parte de los elementos acusatorios recientemente incluidos por la Pepca contra el exprocurador, se encuentra el tema de los contratos de alimentación penitenciaria. Por lo que Francisco Franco destacó que “los alimentos suministrados a los más de 27.000 internos por un monto de 960 millones al año. Sin embargo, la administración actual está destinando aproximadamente 1,400 millones utilizando a los mismos proveedores que han sido cuestionados.
