Venezuela. – La justicia venezolana condenó al general retirado del Ejercito Ángel Vivas, acusado en 2014 por el presidente Nicolas Maduro de incitar a la violencia en las protestas contra su Gobierno, a siete años y seis meses de prisión por el delito de instigación a la rebelión, informó este martes la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
La información confirmada a Efe por el abogado defensor de Vivas y miembro de esta ONG Kelvi Zambrano, quien detalló que Vivas está detenido desde 2017; y se encuentra bajo libertad condicional desde 2018, cuando Maduro ordenó la revisión de los casos de 39 “actores políticos” encarcelados.
La condena estuvo ordenada por el Tribunal Primero Militar de Caracas; que resolvió absolver a Vivas por los cargos de traición a la patria y rebelión militar, de los que también estaba acusado.
General señalado por Maduro
Vivas fue señalado por Maduro de “entrenar” a los que cruzaron cables en las barricadas levantadas en algunas calles durante las protestas de 2014; contra los que impactaron algunos motoristas.
Posteriormente, se atrincheró armado en su vivienda y sino hasta el 7 de abril de 2017 cuando estuvo detenido; y recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide.
“El tribunal consideró que el General Ángel Vivas fuese condenado por el delito de instigación a la rebelión; y fuese por los delitos de traición a la patria y rebelión militar. Dejándole una pena de siete años y sesis meses”, detalló Zambrano sobre la decisión del juzgado militar.
Sin embargo, recordó que como “ya el general Vivas ha cumplido más de la mitad de esta condena”; completará el resto de la sentencia -alrededor de dos años- bajo régimen de presentación en tribunales, cada 30 días.
“Denunciamos que en Venezuela, a partir del caso del general Vivas, se ha institucionalizado lo que se conoce como el derecho penal del enemigo que es que se le da un tratamiento a las personas como si fuesen un peligro para el país o unos enemigos del Estado”, apuntó Zambrano.
La defensa recordó que en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Vivas y su familia medidas cautelares por considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo” a sus derechos en Venezuela.
