Los abusadores turcos no se irán de rositas por ahora. El primer ministro turco, Binali Yildirim, ha anunciado este martes la suspensión del trámite de la ley que pretendía que cerca de 4.000 acusados de explotación sexual de menores en Turquía evitaran la cárcel. Las organizaciones feministas consideran esta rara marcha atrás del islamista gobernante AKP una victoria de las calles.
«Esta cuestión será discutida en comisión [parlamentaria]; si [la oposición] nos envían una propuesta, será desarrollada. Si no, arreglaremos la cuestión a partir de sugerencias de ONG, ciudadanos, expertos y académicos. La política es donde se resuelven las cosas», ha declarado Yildirim en rueda de prensa. Justo este martes se pretendía dar salida al paquete legal que incluía la controvertida moción.
La decisión del Ejecutivo llega el día después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan -con control total de facto sobre el gabinete- sugiriese que el problema de la polémica norma «se solucionase con un amplio consenso». Ya antes, el AKP había instado a la oposición del socialdemócrata CHP y del islamonacionalista MHP a presentar alternativas. Ambos se habían negado hasta que se alzara el texto.
El paso atrás del Gobierno no es de extrañar teniendo en cuenta que no sólo la oposición feminista había llenado las calles turcas este fin de semana en contra de la ley. Incluso KADEM, la asociación de mujeres más próxima al Gobierno cuya vicepresidenta es Sümeyye, la misma hija de Erdogan, había solicitado a Ankara revistar el borrador. Su mensaje intensificó el debate en el seno gubernamental.
El texto proponía modificar el artículo 103 del código penal turco sobre las penas por abuso de menores. Planteaba posponer el anuncio de veredictos para todos aquellos casos cometidos antes del 16 de noviembre pasado y suspender las sentencias ya emitidas si el agresor se casaba con su víctima. Matizaba que sólo abordaba casos de relaciones con menores no cometidas con coacción o amenazas.
De hecho, durante la rueda de prensa del martes, Binali Yildirim ha insistido en defender la moción, que presentaron seis diputados de su partido la semana pasada, como una solución para los matrimonios -religiosos, no oficiales en Turquía- consumados antes del mínimo legal, que es de 16 años con permiso de los tutores legales. En caso de bodas de 15 años y menores la Fiscalía debe actuar de oficio.
«Si de esta manera el hombre va a la cárcel, la mujer queda en la estacada con los hijos. Así que son los pequeños quienes pagan la factura de este matrimonio joven. Particularmente, esto provoca una herida aún más profunda en la sociedad», ha asegurado Yildirim. El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, justificó la necesidad de aprobar la ley para acabar con el «sufrimiento de los matrimonios jóvenes».
Por contra, partidos políticos y asociaciones feministas arremetieron contra la propuesta porque, consideran, «invita a violar a menores con impunidad». Han cuestionado que una menor de 15 años tenga capacidad de decidir sobre sus relaciones. Recuerdan, por ejemplo, los muchos casos en que una familia ha tratado de encubrir abusos sexuales con una boda, especialmente en entornos conservadores.
Los casos de abusos de niños se han triplicado en la última década. Según el Instituto Turco de Estadística, 438.000 menores se han casado durante este período. Kilis, donde los refugiados sirios son mayoría, es la provincia de Turquía donde más matrimonios con menores hubo en 2015. Se conocen numerosos casos de sirios que han casado a sus hijas con adinerados turcos para salir de la pobreza.
