El Tribunal de Apelación de Londres autorizó la extradición hacia los Estados Unidos, del activista de WikiLeaks, Julian Assange, tras un fallo de enero que había denegado la solicitud.
Los jueces del tribunal concluyeron que el Gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental.
Por lo que, el juez Timothy Holroyde indicó que ahora llevará el caso la jueza de primera instancia Vanessa Baraitser, que el 4 de enero denegó la entrega.
Y posteriormente será remitido a la ministra Priti Patel, a fin de que ordene la extradición.
Holroyde dispuso además, que el hombre de 50 años, siga detenido en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde cumple prisión preventiva hasta que termine el proceso, que aún puede ser recurrido por la defensa.
No obstante, los jueces consideran que la Corte de Magistrados de Westminster debió informar a la justicia estadounidense que pensaba bloquear la extradición.
A fin de que pudiera presentar ya entonces garantías sobre el régimen penitenciario que se aplicaría al acusado.
EE.UU. garantiza salud metal y física de Assange
En todo caso, las garantías que Washington presentó posteriormente ante el Tribunal de Apelación «son suficientes», señalan los magistrados.
Además, garantiza que el periodista no será sometido a «medidas administrativas especiales».
Como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni antes del juicio ni si fuera condenado. Tampoco, ingresaría en la cárcel ADX Florence, de súper máxima seguridad en Colorado.
Es decir, a no ser que, posteriormente hiciera algo para merecerlo, afirmó el representante estadounidense James Lewis, durante el juicio del 27 y 28 de octubre.
Además, prometen que mientras este bajo custodia, Assange recibiría el tratamiento psicológico adecuado.
Del mismo modo, y, en caso de condena, podría cumplirla en su país natal de Australia.
EE.UU., reclama al australiano para juzgarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática tras las revelaciones de su portal WikiLeaks, donde expuso abusos de ese país en las guerras de Irak y Afganistán.
Según la defensa, las acusaciones pueden acarrear hasta 175 años de cárcel. Sin embargo, si acaba en condena sería un precedente catastrófico para la libertad de prensa.
