El presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó este lunes su deseo de que no haya «ganadores ni perdedores» en la demanda que interpuso contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por su centenaria reclamación marítima.
«Nuestro gran deseo es que en esta demanda no haya ganadores ni perdedores, que si tiene que ganar alguien sean el pueblo chileno y el pueblo boliviano. Y el tema de salida al mar hacia el Pacífico con soberanía es parte de la integración de nuestros pueblos», dijo Morales en una rueda de prensa en La Paz.
El mandatario respondió de esta forma a una pregunta sobre las declaraciones del agente de Chile ante la CIJ, el exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza, quien afirmó que su país y Bolivia estarán obligados a entenderse cuando acabe el juicio que afrontan en ese tribunal.
«Chile y Bolivia serán vecinos por siempre. Por eso deben respetarse, cuidarse y cooperar. Toda otra opción es, a la larga, inútil. Al final del juicio, quedaremos solos frente a frente y obligados a convivir y entendernos», dijo Insulza en una entrevista publicada hoy por el diario boliviano La Razón.
Morales afirmó que le «ha sorprendido» el mensaje de Insulza y que lo evaluará con su Gobierno, e insistió en que la resolución del reclamo boliviano es un tema «importante» para su país y para la «integración de Suramérica».
Recordó que conversó «varias veces» con el agente chileno y que en una ocasión Insulza le expresó su deseo de resolver «juntos, con diálogo» y el «acompañamiento de la comunidad internacional» el reclamo marítimo boliviano.
Bolivia perdió ante tropas chilenas 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en la guerra del Pacífico, librada a fines del siglo XIX.
En 2013, el Gobierno de Morales presentó ante la CIJ una demanda en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar en firme la restitución del acceso soberano perdido en esa contienda.
Tras rechazar en septiembre la petición chilena para declararse incompetente en este caso, el tribunal de Naciones Unidas otorgó al país austral un plazo hasta el 25 de julio próximo para responder a los argumentos que presentó Bolivia para justificar su petición.
