La Corte Penal Internacional (CPI) tiene indicios fundados de que soldados de Estados Unidos, y también miembros de la CIA, cometieron crímenes de guerra en Afganistán entre 2003 y 2004. Según el primer informe elaborado al respecto, los militares torturaron supuestamente a 61 prisioneros. Los empleados de los servicios de inteligencia hicieron otro tanto con 27 personas internadas en cárceles secretas, abiertas allí, y también en Polonia, Rumanía y Lituania. La fiscalía de la Corte sostiene que no se trató de hechos aislados, sino de “una operación orquestada para extraer información útil”.
Aunque EE UU no pertenece a la CPI, Afganistán sí es miembro, y los ciudadanos estadounidenses que hayan perpetrado delitos en suelo afgano pueden ser perseguidos por la justicia internacional. Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte, debe decidir ahora si pide permiso a los jueces para abrir una investigación en toda regla. De obtenerlo, el mayor problema será convencer a Washington para que colabore en un proceso contra sus militares. El futuro de este caso repercutirá en el futuro de la Corte misma, acusada de neocolonialismo por sus miembros africanos, que acaparan 9 de los 10 sumarios en marcha.
El informe de la CPI señala asimismo a los talibanes, y a las autoridades oficiales, como presuntos autores de sendos crímenes de guerra y contra la humanidad. Se trata, en particular, de torturas supuestamente aplicadas “por el Gobierno afgano y sus servicios secretos y policiales”. El grupo guerrillero Haqqani, afín a los talibanes y que combate tanto a las fuerzas de la OTAN como al Gobierno de Afganistán, es señalado a su vez como autor de iguales delitos.
Estados Unidos desplegó en 2001 a sus primeros soldados en Afganistán. Fue poco después del atentado del 11-S contra las Torres Gemelas, y en el momento álgido de la campaña llegó a haber 100.000 uniformados en territorio afgano. El rechazo del Gobierno estadounidense a la Corte Penal, con la que colabora siempre que no le afecte directamente, se centra en el riesgo corrido por sus militares en el extranjero. Para evitar que sean acusados de crímenes como los indicados por la fiscal Bensouda, Washington sigue sin ratificar el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI. El presidente Obama se propuso retirar a todas sus tropas de Afganistán antes de abandonar la Casa Blanca, pero el pasado verano había aún unos 8.400 efectivos.
El informe preliminar sobre Afganistán ya estaba en marcha cuando tres países africanos, Gambia, Burundi y Sudáfrica, anunciaron su intención de abandonar la Corte porque “sólo persigue delincuentes en dicho continente”. Kenia aprobó en 2013 una moción similar, y el cuarteto asegura que el organismo es “un instrumento neocolonial que imparte la justicia de los blancos”. La acusación ha sido rechazada siempre por la fiscal Bensouda, nacida en Gambia, que opera en otros continentes. Junto al caso afgano, lleva a cabo exámenes preliminares en Colombia, Ucrania, Palestina, Irak/Reino Unido, y la Unión de las Comoras-Grecia y Camboya (por el ataque israelí contra la flotilla con ayuda humanitaria con destino a Gaza, cuyos barcos estaban bajo esa triple jurisdicción territorial). Junto a los ocho países africanos investigados formalmente (Uganda, República Democrática de Congo, Darfur (Sudán), República Centroafricana, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí) figura además Georgia.
