Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader anunció la semana pasada que su gobierno extenderá la modalidad 1 del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que se conoce como FASE 1, hasta abril de 2021. Esa decisión, la cual se la habíamos recomendado hace más de dos meses, es un paso hacia la dirección correcta, pero no es suficiente.
La decisión de mantener FASE 1 es correcta, pues evitará que más de 300 mil trabajadores que se encuentran actualmente suspendidos por la pandemia pierdan su empleo. Esas personas, que se definen como ocupados ausentes por la OIT y reciben mensualmente del gobierno un pago de 8,500 pesos, pertenecen en su mayoría al sector formal y, en particular, a las actividades más impactadas por el distanciamiento social y las restricciones a la movilidad internacional, como las vinculadas a hoteles, bares y restaurantes.
Si el gobierno hubiese eliminado en enero de 2021 ese programa, tal como había sido anunciado hace semanas por el presidente Abinader y el ministro de Hacienda, no cabe duda de que las empresas acogidas a ese programa de ayuda hubiesen tenido que despedir a todo ese personal. Dado que la economía crea anualmente alrededor de cien mil puestos de trabajo, se puede señalar que el despedido de más de 300 mil personas significaría un retroceso de más de tres años en el mercado laboral.
El gobierno debe también extender FASE 2, el cual consiste en un apoyo directo al trabajador activo por un monto de 5 mil pesos, reduciendo en esa misma suma la cantidad que debe pagar por concepto de nómina la empresa. Ese programa es una política de apoyo a la economía por el lado de la oferta, pues permite que las empresas, que han sido impactadas negativamente por la pandemia, mantengan a ese personal laborando, aun cuando se haya reducido su nivel de producción y/o ventas.
El gobierno debe tomar en consideración que la disminución de los ingresos y del valor agregado de las empresas, significa la disminución de la productividad media del empleado. En consecuencia, si se elimina FASE 2 la empresa se verá en la obligación de despedir trabajadores, para aumentar así la productividad media de las personas que queden en nómina. Por otro lado, debe tomarse en consideración que el pago de las prestaciones laborales tenderá a descapitalizar las empresas, elevando su probabilidad de quiebra. Esto podría impactar negativamente la calidad de la cartera del sistema financiero dominicano.
Ante ese muy probable evento, y dada la restricción presupuestaria de 2021, le recomiendo al presidente Abinader que mantenga vigente hasta abril el programa FASE 2, sólo para las mipymes que hayan registrado una reducción superior a un 10% de sus ventas con relación al promedio alcanzado en 2019. Esa decisión será muy positiva para muchos perceptores de ingresos con bajos niveles de renta.
Por: Jaime Aristy Escuder
