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Detención de Uribe alimenta las tensiones entre izquierda y derecha en Colombia

La decisión de la Corte Suprema es un paso más en el caso por presunto fraude procesal

Las tensiones políticas entre izquierda y derecha revivieron este martes en Colombia tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), diez años después de dejar el poder.

«La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria», escribió Uribe al anunciar la decisión que tomó el tribunal en un caso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

La Corte ordenó la detención del exmandatario al considerar que hay riesgos de que Uribe, senador del partido de derecha Centro Democrático, obstruya la justicia y determinó que este «cumplirá la privación de la libertad en su residencia» desde donde «podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso».

La decisión de la Corte Suprema es un paso más en el caso por presunto fraude procesal y soborno de testigos en una demanda presentada por él mismo contra el senador de izquierdas Iván Cepeda, que sin embargo es uno de los menos graves entre decenas de procesos que tiene Uribe y que van desde injuria hasta supuestos vínculos con paramilitares.

El procesó comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, congresista del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

Cepeda, valoró hoy la decisión como una oportunidad «para consolidar la democracia», y pidió al país actuar con serenidad y respetar la independencia de las instituciones judiciales.

La detención domiciliaria del expresidente expuso nuevamente la fractura política colombiana donde la mitad del país lo venera como el «salvador de la patria» por su lucha frontal contra las FARC durante los ocho años de su Gobierno.

La otra mitad quiere verlo tras las rejas por los crímenes a los que se le vincula, desde matanzas de campesinos a manos de paramilitares hasta la ejecución de civiles por parte de militares, los llamados «falsos positivos», pasando por la corrupción y el espionaje de opositores.

Fuente: EFE

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