La empresa lamenta lo ocurrido y se solidariza con todos los afectados y familiares
Santiago RD.- La Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples La Económica (COOPEGAS), rechazó el arresto del que fueron objeto este lunes por la Fiscalía de Santiago de los Caballeros, el presidente del Consejo de Administración, Aurilio Concepción, el gerente general, Héctor Ramón Vásquez Sandoval, el gerente de Operaciones, Roberto Antonio Polanco, el encargado de la estación de gas en Tamboril “La Económica”, Emilio Yan, y otros dos colaboradores en el marco de la investigación por la explosión ocurrida en la envasadora de gas de la empresa en Licey al Medio.
La entidad se queja de que la Fiscalía de Santiago haya imputado a sus ejecutivos, el cargo de homicidio involuntario, por lo que define como un lamentable accidente ocurrido el 3 de octubre pasado y causó la muerte de 12 personas.
En un comunicado, Coopegás dice que considera improcedente las medidas adoptadas por el juez de Atención Permanente de Santiago, a solicitud de la Fiscalía, ya que la envasadora donde ocurrió el accidente contaba con todos los permisos de operación y requerimientos de seguridad.
Los arrestados por orden judicial son el presidente de Coopegás, el gerente general, el gerente de operaciones y el encargado de la envasadora donde se registró el percance.
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“No obstante, consideramos improcedentes las medidas emanadas por parte del juez de Atención Permanente, a solicitud de la Fiscalía de Santiago Ministerio Público y ejecutada por esta, ya que la estación planta accidentada contaba con todos los permisos de operación y requerimientos de seguridad de las autoridades nacionales y locales, sometiéndose a los parámetros y revisiones revisiones necesarias para su correcto funcionamiento operación. De igual forma y la cooperativa empresa declara que el personal a cargo de la estación como el de supervisión activó los protocolos de emergencia tan pronto tuvo hubo conocimiento de la contingencia de tan desafortunado incidente” indica la empresa.
Indica que confían en el Poder Judicial y que continuarán trabajando para brindar asistencia a las familias afectadas y seguir mejorando los protocolos de seguridad de todas sus operaciones.
