Entre 2014 y 2019 el sector construcción aportó, en promedio, el 18.6% de la expansión del PIB
Santo Domingo.- El sector construcción es clave para la reactivación de la economía dominicana. Ese sector tiene el mayor peso en el producto interno bruto (PIB) con un 12%. Además, es la actividad económica que, al combinar su expansión relativa con su ponderación en el PIB, es la que más ha aportado al crecimiento económico en los últimos años.
Específicamente, entre 2014 y 2019 el sector construcción aportó, en promedio, el 18.6% de la expansión del PIB. Para que tengan una idea de esa magnitud, basta comparar con otros sectores productivos fundamentales. La actividad de construcción aportó en ese período 1.9 veces más que el comercio; 2.6 veces más que la manufactura local; y 2.7 veces más que hoteles, bares y restaurantes.
La política monetaria expansiva tiene una influencia positiva sobre la construcción residencial, comercial e industrial. La liberación de recursos líquidos de parte del Banco Central y la disminución de la tasa de interés activa ayudarán a que se ejecuten nuevos proyectos de viviendas. Asimismo, cuando se recupere el empleo y el ingreso laboral se puede proyectar que, junto al aumento de la liquidez, se incrementará la inversión en la construcción comercial e industrial.
La política fiscal es fundamental para la construcción de infraestructura. El gobierno del presidente Abinader debe aprovechar el acceso a los mercados de capitales internacionales para promover la expansión de la infraestructura, como autopistas, puertos, aeropuertos, acueductos, entre otros. Esa inversión tiene un elevado efecto multiplicador que favorece la creación de valor agregado y empleo, dada la estrecha relación de la construcción con otras actividades.
En este período de emergencia nacional, el gobierno del presidente Abinader debe hacer expedito el proceso de aprobación e inicio de proyectos de infraestructura. En el marco de la ley 340-06, los proyectos de infraestructura se licitan, adjudican e inician en un período de, por lo menos, 9 meses. Y en el marco de la ley 47-20 de alianzas público-privadas, se espera que los proyectos de infraestructura se presenten, liciten, adjudiquen e inicien en un período comprendido entre 12 y 18 meses.
Para promover la reactivación económica basada en la construcción de infraestructura será necesario que el gobierno acorte esos plazos. En esta coyuntura de crisis de demanda agregada, provocada por la pandemia del COVID-19, habría que realizar un análisis exhaustivo de toda la legislación disponible que pueda ser utilizada para facilitar la ejecución de los proyectos de infraestructura que mayor impacto tengan sobre el crecimiento económico nacional. Eso es clave para que 2021 sea un año bueno.
Por: Jaime Aristy Escuder
