Santo Domingo, RD.- En momentos en que en el país se discute la veracidad o no de las declaraciones de patrimonio, el aspirante a la presidencia del Instituto de Contadores de la República Dominicana, Basilio Sánchez, lamentó que la Ley 311-14 no contemple el aval de un contador público en las declaraciones juradas de bienes que deben hacer los funcionarios al iniciar y al concluir su gestión.
Sánchez dijo que de manera errónea la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio exige la firma de un notario público, el cual a su juicio no tiene la competencia profesional para dar de fe de la veracidad de una declaración de bienes.
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El pronunciamiento de Sánchez se produce en momentos en que la opinión pública de se apodera de la idea de que funcionarios salientes declaran menos de las propiedades que poseen y otros publican patrimonio abultado.
Esto se suma a las trabas que admite ha encontrado la Cámara de Cuentas para determinar la veracidad de las declaraciones juradas de patrimonio.
Por: Rafael Lara
