Santo Domingo, RD.- La oficina de abogados Portes Núñez y Asociados, envió un carta al procurador general de la República y al presidente del Consejo del Poder Judicial, para ofrecerle sus servicios legales de manera voluntaria para presentar solicitud de prisión domiciliaria a favor de internos de 60 años o condición de salud de alto riesgo ante la pandemia del COVID-19.
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Carta íntegra:
El pasado 18 de marzo el Consejo del Poder Judicial dispuso ciertas medidas debido a la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 30 de marzo el Procuraduría General de la República dictó una Instrucción General a los fines de “garantizar el estado de salud de los privados de libertad” a la luz de la declaración del Estado de Emergencia dictada el presidente Danilo Medina mediante el decreto No. 134-20 por citada pandemia.
Que la referida instrucción, en síntesis ordena que el ministerio público solicite al juez competente el cambio de modalidad del régimen de cumplimiento de la pena a los condenados de manera definitiva o el cambio de modalidad
de cumplimiento (Revisión) de medida de coerción de prisión preventiva a los internos preventivos que tengan enfermedad crónica o terminal y de aquellas personas privadas de libertad que tengan una condición de salud de alto
riesgo ante la pandemia del Coronavirus COVID-19 tales como enfermedades cardiovasculares, respiratorias severas, tuberculosis avanzada o VIH, SIDA.
Conociendo el gran trabajo que representa realizar las solicitudes de cambio de modalidad de cumplimiento de pena y solicitudes de revisión de medida de coerción a favor de cientos de internos que reúnen los requisitos antes
mencionados, la oficina de abogados Portes Nuñez y Asociados, ofrece a la Procuraduría General de República de manera voluntaria y honorífica sus servicios y su personal a los fines de servir de apoyo para que se concretice el
objetivo y fin de garantizar el derecho fundamental de la salud de aquellos privados de libertad cuyas condiciones los hacen más vulnerables a la infección del COVID-19.
A tales fines, solicitamos que la Procuraduría General de la General República ordene a la Dirección General de Prisiones y a la Coordinación del Nuevo Modelo Penitenciario nos suministre una lista de los internos que reúnan los
requisitos establecidos por la citada instrucción general, es decir, de edad o condición médica y proceso penal, en la cual se indique sus nombres, cédulas, lugar de reclusión, fecha, número y tribunal que dictó sentencia o resolución
por el cual guardan prisión, condena o tiempo de prisión preventiva ordenada, tipos penales por el cual guardan prisión, edad y/o condición médica y número de teléfono de un familiar del interno.
Recibida dicha lista, proponemos realizar y presentar una solicitud colectiva por departamento judicial ante el juez de la pena con respecto a los condenados de manera definitiva y otra por los internos preventivos ante la presidencia de la cámara penal de la corte de apelación de cada departamento judicial. En este sentido y debido a que los casos de los internos preventivos se encuentran en diferentes etapas procesales, es decir, en instrucción, juicio, apelación o casación, exhortamos al consejo del poder judicial dar las instrucciones correspondientes a los presidentes de las cámaras penales de las cortes de apelación para habilitarlos a estos fines y que conozcan las relativas a los preventivos y así aplicando con carácter de urgencia una tutela judicial diferenciada y el principio de economía procesal minimizando solicitudes ante diferentes tribunales y en consecuencia solo se realice y tramite una solicitud de revisión colectiva por departamento judicial.
