España avanza para legalizar la eutanasia (y el derecho a decidir sobre la propia muerte en América Latina)
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España avanza para legalizar la eutanasia (y el derecho a decidir sobre la muerte digna)

El 87 % de la población española es partidaria de permitir esta práctica

España.- El Parlamento español ha comenzado este martes a debatir la futura ley que despenalizará la eutanasia. Se trata de una propuesta del Partido Socialista, quien ya presentó una proposición legislativa en este sentido en 2018. En ese momento decayó, pero ahora parece contar con los apoyos necesarios.

El 87 % de la población española es partidaria de permitir esta práctica, según una encuesta de Metroscopia de abril de 2019. Y el apoyo parece que continua creciendo, pues era del 84 % en 2017 y del 77,5 % en 2015. Desde la sociedad civil hay un clamor popular, enfatizado por casos como el de Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer después de cuidarla durante 30 años, que puede hacer que el país se convierta en el sexto Estado del mundo que legalice esta práctica médica.

Aunque realidades como la eutanasia, la muerte digna o el suicidio asistido aún se encuentran presentes en las legislaciones de muy pocos países, cada vez son más los que han abierto el debate sobre su regulación en el Parlamento o la sociedad civil.

¿En qué consiste la normativa que se quiere aprobar en España?

La ley propuesta por el partido del presidente Pedro Sánchez contempla la eutanasia como una prestación dentro del Sistema Nacional de Salud, que se podrá llevar a cabo cuando el paciente lo solicite, en centros sanitarios públicos, privados y en el domicilio del enfermo.

Se podrán acoger a ella personas mayores de edad, con nacionalidad o residencia legal en España, que deberán ser "capaces y conscientes" en el momento de solicitarlo, y que se encuentren bajo uno de los siguientes dos supuestos: tener una enfermedad grave e incurable o tener una enfermedad grave, crónica e invalidante. No estarían contempladas las enfermedades psíquicas.

El paciente necesitará del visto bueno de su médico responsable, posteriormente de un segundo facultativo y finalmente de una Comisión de Evaluación y Control Previo establecida en cada Comunidad Autónoma.

Aunque los profesionales de la sanidad tendrán derecho a la objeción de conciencia, parece que no se utilizará de manera profusa, puesto que el apoyo que el colectivo muestra hacia esta medida es similar al de la población general, como sugieren los pocos datos disponibles al respecto. Así, la encuesta publicada en 2018 por el Colegio de Médicos de Bizkaia arrojó un respaldo del 86 %, entre los colegiados de Las Palmas se llega al 82 %, mientras que el sondeo del Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja mostró un apoyo del 81 %.

Fuente: RT