Argentina.- El gobierno de Mauricio Macri pretende regular las protestas callejeras en Argentina a través de la implementación de un nuevo protocolo de actuación de fuerzas de seguridad que las habilita a desalojar, sin previa autorización judicial, a manifestantes que bloqueen vías de circulación.
La decisión oficial de reprimir los «piquetes», como se denomina la metodología de interrumpir el tránsito vehicular en avenidas y carreteras, ha generado un fuerte rechazo en organizaciones civiles y políticas, que acusan al gobierno de buscar limitar y criminalizar a la protesta social.
«En cinco, diez minutos, le vamos a decir que se retiren por las buenas… si no se van, los sacamos», dijo el jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones radiales. «La instrucción que yo tengo del presidente de la nación es que quiere convivencia, quiere que no haya más cortes», agregó.
El «protocolo de actuación de fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas» establece que el jefe del operativo «impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito y deberán retirarse y ubicarse en una zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación».
Si no cumplieran con esta orden, las fuerzas de seguridad procederán a «disolver la manifestación».
En la última década y media la regla ha sido la inacción de las fuerzas de seguridad frente a los cortes de calles pese a que la libre circulación es un derecho constitucional, como protestar. No obstante, en los contados casos en que la policía desalojó a los manifestantes fue con previa autorización de un juez.
«Se le va a avisar (al juez), pero en flagrancia el delito las fuerzas de seguridad pueden actuar de manera inmediata para que cese el delito», aclaró Bullrich.
Analistas políticos estiman para los próximos meses un escenario de mayor conflictividad social en coincidencia con el inicio de las negociaciones de los sindicatos por aumentos de salarios en contexto inflacionario. También por los masivos despidos en la administración pública y en varias industrias.
Para el Centro de Estudios Sociales y Legales, la nueva normativa «otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales».
La organización consideró en un comunicado que uno de los aspectos más graves de la resolución es no prohibir de «manera explícita» a la policía el uso de armas de fuego y de balas de goma para dispersar. En los últimos años no se podía portar armas de fuego durante las manifestaciones.
«Estas omisiones deshacen una medida fundamental que se había tomado luego de los peores episodios de represión en democracia, en los que las fuerzas de seguridad causaron decenas de muertos», recordó la organización.
Para la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, «es increíble que con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo»,
Otro punto polémico de la resolución del ministerio de Seguridad afecta la cobertura de los medios de comunicación durante la protesta. Los periodistas deberán ubicarse en «una zona determinada» por las fuerzas de seguridad para que «se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento».
El protocolo aclara que el material y herramientas de trabajo de los periodistas «no deben ser destruidos ni confiscados».
